Metodismo Unido

La Comunidad Política

¶ 164. V. LA COMUNIDAD POLÍTICA

Aunque nuestra lealtad a Dios toma precedencia sobre nuestra lealtad a cualquier estado, reconocemos la función vital del gobierno como un vehículo principal para el orden en la sociedad. Como sabemos que somos responsables ante Dios por la vida política y social, declaramos lo siguiente en cuanto a los gobiernos:

A) Libertades básicas y derechos humanos – Los gobiernos son responsables por la protección de los derechos de todas las personas de celebrar elecciones libres y justas, y a las libertades de la palabra, religión, asamblea, medios de comunicación y la petición de desagravios sin temor a represalias; al derecho a la vida privada; y la garantía de tener derecho a alimento adecuado, vestido, abrigo, educación y cuidado de la salud. Las obstrucciones y embargos que pretendes impedir el flujo y el comercio libre de alimentos y medicamentos son prácticas que ocasionan dolor y sufrimiento, malnutrición o hambruna con todas sus consecuencias nocivas contra las poblaciones civiles no combatientes, y especialmente contra los niños y las niñas. Rechazamos la consideración de estas prácticas como instrumentos de políticas domésticas e internacionales independientemente de su ideología política. La forma y los líderes de todos los gobiernos se deben determinar por medio del ejercicio del derecho a voto, garantizado a todos los ciudadanos adultos. También rechazamos firmemente la vigilancia doméstica y la intimidación de opositores políticos por parte de los gobiernos que están en el poder y todos los otros abusos de los cargos electivos o nombrados. El use de la detención y aprisionamiento para hostigar y eliminar los opositores políticos u otros disidentes viola los derechos humanos fundamentales. Además, el maltrato la tortura o cualquier trato o castigo cruel, inhumano y degradante de personas por los gobiernos, por cualquier motivo, viola la enseñanza cristiana dondequiera y en cualquiera ocasión que esto ocurra. Por esta misma razón, nos oponemos a la pena capital, e instamos a que se elimine de todos los códigos penales.

              La iglesia considera que la institución de la esclavitud, la práctica y comisión del genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra de la humanidad y la agresión como maldades infames y atroces. Tales maldades son destructivas de la humanidad, promueven impunidad y, por tanto, deben ser incondicionalmente prohibidas por todos los gobiernos y la iglesia nunca las tolerará.

B) Responsabilidad política – La fuerza de un sistema político depende de la participación plena y voluntario de sus ciudadanos. La iglesia debe continuar ejerciendo una fuerte influencia ética sobre el estado, apoyando políticas y programas que considere justas, y oponiéndose a políticas y programas injustos.

C) Relaciones entre la Iglesia y el Estado – La Iglesia Metodista Unida he apoyado por muchos años la separación de la iglesia y el estado. En algunas partes del mundo esta separación ha garantizado la diversidad de expresiones religiosas y la libertad de adorar a Dios de acuerdo con la conciencia de cada persona. La separación de la iglesia y el estado significa que no hay reunión orgánica de las dos, pero permite la interrelación. El estado no debe usar su autoridad para promover creencias religiosas particulares (incluso el ateísmo), ni tampoco debe requerir la oración o cultos en las escuelas públicas, pero debe dejar a los estudiantes en libertad para que practiquen su propia convicción religiosa. Creemos que el estado no debe tratar de controlar la iglesia, ni la iglesia debería de tratar de dominar el estado. Una separación justa y vital de la iglesia y el estado, que ha servido la causa de la libertad religiosa, no se debe malinterpretar como la abolición de toda expresión religiosa en la vida pública.

D) Libertad de información – Los ciudadanos de todos los países deben tener acceso a toda información esencial referente a su gobierno y las políticas de éste. Actividades ilegales e insensatas dirigidas contra personas o grupos por sus propios gobiernos no se deben justificar ni guardar en secreto, ni aun bajo el disfraz de seguridad nacional.

E) Educación – Creemos que todas las personas tienen el derecho a la educación. También creemos que la responsabilidad para la educación de los jóvenes descansa sobre la familia, la comunidad de fe y el gobierno. En nuestra sociedad, dicha función se puede cumplir mejor a través de políticas públicas que garanticen a todas las personas el acceso libre a las escuelas elementales, secundarias y post-secundarias de su elección. Las personas no deben ser impedidas por barreras financieras al acceso a instituciones relacionadas con la iglesia u otras instituciones independientes de educación superior. Ratificamos el derecho de los colegios universitarios públicos y privados a existir, y apoyamos las políticas públicas que garantizan dicho acceso y opción, y que no crean enredos constitucionales entre la iglesia y el estado. Creemos que la razón de ser de los colegios y universidades es la de proteger la libertad académica para todos los miembros de la comunidad académica y la de formar un ambiente de aprendizaje que permita el libre intercambio de ideas. Afirmamos la unión de la razón y la fe; por tanto, instamos a los colegios y universidades a proteger la expresión de la vida religiosa en su propiedad.

F) Obediencia y desobediencia civil – Los gobiernos y las leyes deben ser siervos de Dios y de los seres humanos. Los ciudadanos tienen el derecho de obedecer las leyes que se han adoptado a través de un proceso de gobierno ordenado y justo. Pero los gobiernos, al igual que los individuos, están sujetos al juicio de Dios. Por lo tanto, reconocemos el derecho de los individuos a disentir cuando actúan bajo el cargo de la conciencia, y que después de haber agotado todos los recursos legales, resisten o desobedecen las leyes que consideran injustas o que se aplican en forma discriminatoria. Aun entonces, se debe mostrar el respeto por la ley, absteniéndose de la violencia, y estando dispuestos a aceptar el costo de la desobediencia. No alentamos ni condonamos ninguna forma de protesta violenta como ejercicio legítimo de la libertad de expresión o desobediencia civil. Ofrecemos nuestras oraciones por los que están debidamente en autoridad, que sirven al público, y apoyamos sus esfuerzos para impartir justicia e igual oportunidad a todas las personas. Ratificamos el deber de las iglesias de apoyar a los que sufren a causa de sus posiciones de conciencia manifestadas por creencias o actos no-violentos. Instamos a los gobiernos a garantizar los derechos civiles, como se definen en el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de personas que estén en riesgo jurídicos por dichos actos no-violentos.

G) Pena de muerte – Creemos que la pena de muerte niega el poder de Cristo para redimir, restaurar y transformar a todos los seres humanos. La Iglesia Metodista Unida está muy preocupada sobre el crimen en todo el mundo y del valor de toda vida que es quitada por un asesinato u homicidio. Creemos que toda vida humana es sagrada y creada por Dios y por lo tanto, debemos ver toda vida humana como valiosa y de importancia. Cuando los gobiernos implementan la pena de muerte (castigo capital), entonces la vida de la persona convicta se devalúa y termina toda posibilidad de cambio en la vida de esa persona. Creemos en la resurrección de Cristo y que la posibilidad de reconciliación con Cristo viene a través del arrepentimiento. Ese don de la reconciliación se ofrece a todos los individuos sin excepción y le da a toda la vida una nueva dignidad y consagración. Por esta razón, nos oponemos a la pena de muerte (castigo capital) y rogamos que se elimine de todos los códigos criminales.

H) Justicia penal y restauradora – Para proteger a todas las personas de intrusión en sus derechos personales y de propiedad, los gobiernos han establecido mecanismos y tribunales para el cumplimiento de la ley. Una vasta gama de opciones de sentencia sirve para expresar el sentido de agravio de la comunidad, incapacitar a los delincuentes peligrosos, frenar la criminalidad y ofrecer oportunidades para la rehabilitación. Apoyamos las medidas gubernamentales dirigidas a reducir la criminalidad que sean consecuentes con el respeto a la libertad básica de las personas.

              Rechazamos todo mal use de estos mecanismos, incluso su uso para vengar, perseguir o intimidar a aquellos cuya raza, apariencia, estilo de vida, condición económica, o credos difieren de aquellos en autoridad. Rechazamos toda aplicación descuidada, endurecida o discriminatoria que despoje de la justicia a personas discapacitadas o que no hablan el idioma del país en el cual están en contacto con los agentes de la ley. Además, apoyamos las medidas designadas para eliminar las condiciones sociales que condicen a la criminalidad, e instamos a una acción recíproca entre los agentes de la ley y los miembros de la comunidad en general.

              En el amor de Cristo, que vino a salvar a los que están perdidos y vulnerables, instamos la creación de un sistema genuinamente nuevo para el ciudadano y la restauración de las víctimas, los delincuentes, los oficiales de la justicia penal y la totalidad de la comunidad. La justicia restauradora surge de la autoridad bíblica, la que enfatiza una relación justa con Dios, con uno mismo y con la comunidad. Cuando tales relaciones se violan o quiebran a causa de la criminalidad, se crean oportunidades para corregir esas situaciones. La mayoría de los sistemas penales en el mundo son retributivos. Dichos sistemas retributivos profesan considerar al delincuente responsable ante el estado, y usan la pena como el medio que compensa por dicha responsabilidad. En contraste con esto, la justicia restauradora trata de que el delincuente se haga responsable ante la víctima y a la comunidad que ha violado. Por medio del poder transformador de Dios, la justicia restauradora trata de reparar el daño, corregir el mal y traer sanidad a todos los involucrados, incluso a la víctima, el ofensor, las familias y la comunidad. La iglesia se transforma cuando responde a los perdidos del discipulado, convirtiéndose en un agente de sanidad y cambio sistemático.

I) Servicio militar – Lamentamos la guerra, e instamos a la solución pacifica de todas las disputas entre naciones. Desde el principio, la conciencia cristiana ha luchado con las rudas realidades de la violencia y la guerra, pues estos males claramente frustran los propósitos del amor de Dios por la humanidad. Anhelamos el día en que no habrá más guerra y los pueblos vivan en paz y justicia. Algunos de nosotros creemos que la guerra y otros actos de violencia nunca son aceptables para los cristianos. También reconocemos que la mayoría de los cristianos se dan cuenta con mucha tristeza de que cuando las opciones pacificas fracasan, la fuerza de las armas sería preferible a la agresión sin freno, la tiranía y el genocidio. Honramos el testimonio de los pacifistas, que no nos permiten volvernos complacientes en cuanto a la guerra y la violencia. También respetamos el uso de la fuerza, pero solo en situaciones extremas, y solo cuando la necesidad es clara más allá de la duda razonable, y a través de organizaciones internacionales apropiadas. Instamos al establecimiento del dominio de la ley en asuntos internacionales como medio de eliminar la guerra, la violencia y la coerción en los mismos.

              Rechazamos las políticas nacionales de servicio militar obligatorio, y las declaramos incompatibles con el evangelio. Reconocemos la tensión agonizante creada por gobiernos nacionales que exigen el servicio militar. Instamos a todos los jóvenes adultos a buscar el asesoramiento de la iglesia cuando llegan a una decisión de conciencia sobre la naturaleza de su responsabilidad como ciudadanos. Se llama a los pastores a que estén disponibles a ofrecer asesoramiento a todos los jóvenes adultos que enfrentad el reclutamiento obligatorio o consideran alistarse voluntariamente en las fuerzas armadas, inclusive aquellos que por razones de conciencia rehúsan cooperar con un sistema de conscripción.

              Apoyamos y extendemos el ministerio de la iglesia a aquellas personas que se oponen a toda guerra por razones de conciencia, o cualquier guerra en particular, y que por lo tanto, rehúsan servir en las fuerzas armadas o cooperar con sistemas de conscripción militar. También apoyamos y extendemos el ministerio de la iglesia a todas personas que optan por servir en las fuerzas armadas por razones de conciencia, o aceptar un servicio alterno. Cuando una persona elige servir en las fuerzas armadas, apoyamos su derecho al cuidado sanitario adecuado de las heridas sufridas, y propugnamos la suficiencia de recursos para cubrir las demandas de sus necesidades físicas y de salud mental, durante y después de su servicio. Reconocemos que podemos ser culpables ya sea por acción militar u objeción de conciencia, y que todas las personas dependemos del perdón de Dios.  


De la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida-2016. Derechos de autor © 2016 por la Casa Metodista Unida de Publicaciones. 
Disponible en inglés.